Por tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio luz verde al INE para continuar con la organización de la elección de Ministros, jueces y magistrados.
Los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes coincidieron en que no se pronuncian sobre las suspensiones de jueces para frenar el proceso electoral judicial, por lo que sus resoluciones quedan intocadas.
Argumentaron que únicamente están dando al INE la certeza de que constitucionalmente es inviable parar el desarrollo de dichos comicios, que se realizarán en junio del 2025.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra, al considerar que debe ser la Suprema Corte de Justicia la que se pronuncie sobre dichas suspensiones, pues no es competencia del Tribunal Electoral.
Además, coincidieron, las posiciones de sus compañeros eran contradictorias, pues hablan de no tocar las suspensiones, pero implícitamente sí trastocan sus efectos.
“Este asunto debe aplazarse en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva diversos asuntos de su competencia vinculados justamente con el tema de la reforma judicial y toda la serie de suspensiones que han sido ordenadas por diversos Juzgados de Distrito”, dijo la jueza.
Reyes advirtió que de aprobarse, los magistrados abrían la puerta para que cualquier autoridad electoral recurriera al Tribunal Electoral para pronunciarse sobre resoluciones judiciales adversas, lo cual, insistió, es extralimitarse.
“La existencia de esta vía procesal de la queja específica refuerza la improcedencia de la acción declarativa, pues evidencia que no hay una situación de incertidumbre que requiera ser aclarada, sino actos jurídicos concretos que pueden ser controvertidos a través de los recursos legalmente previstos para ello.
“Es una extralimitación de facultades al pronunciarse implícitamente sobre la validez y efectos de resoluciones dictadas por jueces de distrito. Así implícitamente propone invadir la espera competencial de otros órganos del Poder Judicial de la Federación”, consideró.
El magistrado De la Mata defendió su proyecto, y afirmó que los jueces no deberían meterse en temas electorales, pero, aclaró, no prejuzgaría sus decisiones, e insistió en que la Sala Superior es el órgano definitivo de temas electorales, y no tienen encima a ninguna otra Corte.
“Obviamente nosotros no podríamos revocar ninguna sentencia de amparo, no sería nuestra competencia. Como tampoco, quizá, será cuestión de los tribunales colegiados o de la Corte, determinar si es que los jueces de amparo, ahora, por alguna razón extraña, pueden suspender los procedimientos electorales en curso.
“No estoy diciendo ni haciendo ningún prejuicio, pero los jueces de amparo no resuelven (el tema) electoral de la misma manera que nosotros no otorgamos divorcios”, dijo.
La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, coincidió en que no están invadiendo esferas competenciales, y la acción declarativa para terminar con la incertidumbre en el INE.
“Así frente a este dilema complejo en que se encuentra el INE considero que se actualiza una situación extraordinaria que justifique la necesidad de que se emita una acción declarativa dirigida a dar certeza a la propia autoridad, a las y los contendientes y por supuesto a la ciudadanía en general, respecto a la manera en que debe proceder en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales vigentes”, argumentó Soto.
