Con su mayoría, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la extinción de siete órganos autónomos.
Se trata del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones serían trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que trasladará sus tareas a la Secretaria de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuyas facultades pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargado de medir la pobreza en el país, tarea que pasaría al INEGI.
Con 347 votos a favor y 128 en contra, la mayoría avaló también la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que sus facultades sean transferidas a la Secretaría de Energía, así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, cuyas funciones quedarían en manos de la Secretaria de Educación Pública.
La reforma que modifica 14 artículos de la Constitución fue avalada en lo general este miércoles y se prevé mañana, el pleno discuta las reservas al dictamen, entre ellas la anunciada por Ricardo Monreal, para crear un órgano descentralizado que concentre las funciones de regulación del IFT y de la Cofece.
Durante el debate, que se extendió por cinco horas, la morenista Olga Sánchez Cordero reconoció que las modificaciones constitucionales representan la posibilidad de regresar al diseño institucional que el País tenía en los Gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
“(El dictamen) representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro País regrese al equilibrio entre la libertad comercial y ejercicio de la soberanía como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013, en los Gobiernos de los Presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos”, dijo.
La Ministra en retiro señaló que durante décadas, el País tránsito exitosamente en materias como competencia económica y transparencia bajo un esquema en el que la instancia reguladora tenía autonomía técnica y de gestión, pero no eran órganos constitucionales autónomos.
Sánchez Cordero indicó que las modificaciones constitucionales impulsadas por el Gobierno federal y por la mayoría buscan evitar duplicidades, reducir costos onerosos para el erario público y perfilar opciones más eficientes para cumplir sus funciones
“No podemos continuar con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas de 2013 y 2014 que fueron en el marco del Pacto por México”, señaló.
La coordinadora del PAN, Noemí Luna, acusó que la intención detrás de la extinción de siete órganos autónomos es la venganza. Como ejemplo, recordó que fue el INAI a través del cual se dieron a conocer casos como la “Casa Gris de los López Beltrán” o el mega fraude de Segalmex.
“Lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la Administración Pública, lo que hace es robustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella”, sostuvo.
Acompañada por integrantes de su bancada, quienes portaban carteles con leyendas como “Sin el INAI, Morena se va a robar tus pensiones” y “Sin la CRE morena va a subir la luz”, rechazó la extinción de autónomos tenga como objetivo generar ahorros, como argumenta la mayoría, ya que el INAI le cuesta a cada mexicano seis pesos anuales.
El también panista Miguel Ángel Monraz, aseguró que Morena busca eliminar organismos autónomos como el INAI en busca de impunidad para el “rey de Macuspana” y sus hijos e incluso para la actual Administración.
“Lo que quieren es impunidad para el rey de Macuspana. Quieren impunidad para los conflictos de interés del hijo del ex Presidente, el rey de Macuspana () ¿Ustedes creen que la Secretaría de la Función Pública, que será juez y parte, va a sancionar a su Presidenta? ¡Claro que no!”, afirmó, mientras sus compañeros sostenían carteles con el rostro del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y leyendas como “¿Por qué la Cofece resultó incómoda para AMLO?”.
El priista César Domínguez calificó la reforma como irresponsable, porque además de ser un retroceso democrático, infringirá daños a la competitividad del país.
Afirmó que la extinción de la Cofece y del IFT colocará a México en incumplimiento con el T-MEC, que en sus capítulos 18 y 21 exige la existencia de una autoridad de competencia y un órgano regulador de telecomunicaciones independiente e imparcial.
“Va a erosionar el clima de inversión y la certeza en las empresas sobre la existencia de órganos del Estado que garanticen la existencia de fallos que estén basados en una posibilidad técnica y una evidencia científica y no en intereses particulares o criterios políticos”, dijo.
Nadia Navarro, también del PRI, calificó como una falacia el ahorro con el que la mayoría justifica la reforma, ya que los siete órganos autónomos suman un gasto de cinco mil 75 millones de pesos, a apenas el 0.55 por ciento del presupuesto de egresos y el uno por ciento de las pensiones para adultos mayores.
La legisladora criticó que, de acuerdo con el dictamen, los recursos que se ahorren serán destinados al Fondo del Bienestar, un instrumento que, acusó, representa una “alcancía presidencial” que no le rinde cuentas a nadie.
La emecista Irais Reyes advirtió que la aprobación de la reforma es una regresión al autoritarismo del poder hegemónico que México había dejado atrás.
“Están tan embriagados de poder que proponen y aprobarán aquí eliminar organismos que son contrapeso y freno a su Gobierno”, dijo.
Coincidió en que gracias a organismos como el INAI se conocieron casos de corrupción como la Casa Blanca, la Estafa Maestra y los 82 millones de recetas no surtidas por las instituciones de salud.
“Hoy deciden que el Gobierno federal tome todas las funciones de ese órgano. ¿Acaso tienen miedo de que se expongan sus actos de corrupción?”, cuestionó.
