El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia energética presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que busca establecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas del Estado.
Con 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones aprobaron la reforma en materia enegética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas.
Morena y sus aliados admitió la reserva presentada por la diputada Ana Ayala Leyva, para la modificación de los artículos 27 y 28. Particularmente se busca eliminar el párrafo del artículo 27, en donde afirma que “el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”.
La modificación provocó la reacción de la oposición, que acusaron que se trata de “una locura absolutamente irresponsable”.
El diputado Julen Rementería resaltó que la reserva admitida por la mayoría oficialista va en contra de un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la transición energética: “Le dan al Estado todo el poder, le arriman todos los recursos, pero le quitan toda la responsabilidad”.
Diputados de Morena, PT y Partido Verde defendieron la reforma. Afirmaron que el dictamen no busca hacer a un lado el capital de inversión, ni resta el derecho a invertir al sector privado, sino que se modifica en beneficio del pueblo mexicano.
La morenista Alma Rosa de la Vega instó a reconocer la importancia de que el Estado mantenga el control sobre las empresas públicas y asegurar que esas actividades se regulen. Así como buscar que el interés público prevalezca sobre los particulares, pues la energía eléctrica, señaló, es un pilar de desarrollo social y económico.
Por su parte, el diputado del PVEM, Carlos Alberto Guevara Garza, consideró que uno de los principales propósitos de la reforma es devolverle a la CFE y Pemex su carácter de empresas públicas para “fortalecerlas y que sean palancas de desarrollo y garantes de los recursos de la nación”. Además busca que el Estado incida en la administración de éstas entidades de forma directa o indirecta para asegurar que se proteja el interés nacional público y cumplir con la responsabilidad social.
